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Foto del escritorMaria Emilia Currea

Colombia: el segundo país más biodiverso, y el primero en asesinatos a líderes ambientales

Cada vez que se habla de la crisis climática, se hace referencia a la urgencia de actuar pronto y se tiene la tendencia a usar frases como: “el tiempo se está acabando”; el mensaje que quiero dejar en este artículo es que el tiempo ya se acabó. Puede sonar catastrófico ponerlo en estos términos, pero voy a explicar por qué es una realidad.


Una mirada desde la psicología

La psicóloga estadounidense Meg Jay hace referencia al término brecha de empatía en su charla Ted Preguntas esenciales para hacerle a tu yo del futuro. Este concepto se refiere a la dificultad que tienen los seres humanos para ponerse en los zapatos de aquellas personas a quienes clasifican como un grupo aparte (por diferencias ideológicas, étnicas, culturales, etc). Jay agrega que este es un factor que ha impedido tomar acción ante la crisis climática considerando que busca beneficiar a “futuras generaciones”, según ella, a pesar de estar hablando de nuestros hijos y nietos, ya que son personas que aún no existen, y por esto nos es difícil empatizar con ellos.


Esta brecha de empatía es la que ha limitado las acciones de los líderes mundiales para ser contundentes en la lucha contra el cambio climático, pero hoy, esta mentalidad afecta a las personas de los territorios más vulnerables en Colombia y el mundo. Se habla constantemente de cuando las grandes ciudades van a inundarse por el aumento en los niveles del mar, o cuando la comida y el agua van a escasear en los lugares más poblados, pero los efectos del cambio climático ya se han materializado para muchas personas.


Actualmente, podemos ver como efectos del cambio climático: la falta de agua en regiones como La Guajira, los desastres naturales que arrasan con las viviendas de comunidades enteras como ocurrió en San Andrés y Providencia hace un año, y la disminución en ciertas especies de pescados en ríos tan importantes como el Amazonas y sus afluentes. Estos factores afectan no solo a aquellas personas que están en territorios de la periferia de nuestro país, sino que además impactan a esas poblaciones que tienen menos capacidades de recuperarse de estas situaciones, y que muchas veces son olvidadas por el Estado.



El territorio en Colombia

En Colombia, la relación que hay entre la población y el territorio trasciende la provisión de recursos naturales. La diversidad étnica que hay en el país, implica que, para muchas comunidades, su identidad se ve fuertemente vinculada con el territorio que habitan. Lo anterior es aplicable tanto para grupos indígenas, como para comunidades afro, campesinas, raizales, entre otras, que tienen un vínculo histórico con la tierra.


En línea con lo anterior, la importancia que tiene el territorio para muchas de estas comunidades va más allá de un espacio geográfico, adquiriendo una relevancia cultural y ancestral. En este sentido, la manera en la que entienden los recursos naturales dista de la que se tiene en las grandes ciudades. Viéndolo más a fondo, esta relación que existe con la tierra es muchas veces más sostenible y menos dañina para el medio ambiente, que las prácticas industrializadas actualmente predominantes en la administración y producción de recursos. A pesar de lo anterior, suelen ser los gremios o las mismas economías ilegales las que tienen la última palabra sobre la explotación de recursos.


En Colombia existen algunos mecanismos para la protección de estas comunidades y la garantía de sus derechos, tal y como lo es la consulta previa, sin embargo, en muchos casos esto se queda en el papel. Los planes de infraestructura del Gobierno, la explotación de recursos energéticos por parte de actores privados, e incluso las economías ilegales, incluyendo la minería, la tala, los cultivos ilícitos, entre otros, desplazan a estas comunidades o interfieren con la manera en la que se relacionan con el ambiente.


A raíz de esta problemática, miembros de estos colectivos han tomado el liderazgo para defender los derechos de las personas de estos grupos. Estos líderes sociales y ambientales muchas veces tienen que enfrentarse a otros actores que tienen un capital económico mucho mayor al suyo, y mayor influencia en la política. Los diferentes intereses de estos actores, en la mayoría de los casos, se oponen a los intereses de estas comunidades lo que genera conflictos entre ellos, y muestran a las comunidades como opositoras al desarrollo y el progreso.


A causa de lo anterior, no solo han llegado a catalogar a algunas de estas comunidades como terroristas dentro del discurso político, sino que también las han convertido en blancos de desalojo, y a estos líderes, en víctimas de asesinatos sistemáticos. Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo, y el más peligroso para ser líder ambiental.



¿Qué ha hecho el Gobierno?

Ante esta situación de violencia, el Gobierno ha hecho algunos esfuerzos para detener los asesinatos a líderes sociales y ambientales, pero a la hora de la verdad no han sido efectivos. Las dificultades de acceso a ciertas regiones del país y la falta de presencia estatal han dificultado la implementación de estas políticas, pero el verdadero obstáculo es la falta de voluntad política.


El acceso a la información y la protección de los derechos civiles y políticos de las comunidades son fundamentales para garantizar su acceso a la propiedad de la tierra, y permitir que se materialicen las garantías que estas personas tienen sobre su territorio. El Acuerdo de Escazú, por ejemplo, es un tratado negociado por varios Estados latinoamericanos, que entró en vigor el 22 de abril de este año. Este tratado busca proteger a los líderes ambientales, garantizando un ambiente sano para las generaciones actuales y futuras.


Este tratado, además, incluye la protección física de los líderes ambientales reconociendo el riesgo que conlleva defender su territorio. Fue firmado por Colombia, sin embargo, es uno de los pocos Estados de la región que ha decidido no ratificarlo. Durante la COP26 un grupo de ambientalistas colombianos se acercó al presidente Iván Duque par preguntarle sobre este, a lo que contestó muy orgullosamente que había sido él quien lo había firmado.

Durante la COP26 (La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2021), el presidente colombiano se sumó a varias propuestas planteadas por representantes de potencias mundiales, buscando proteger las áreas naturales, reducir la explotación de petróleo, disminuir las emisiones en el sector eléctrico, entre otras. Si bien es muy bueno que Colombia demuestre interés y compromiso con esta problemática y sus posibles soluciones, no está siendo realista.


Las metas propuestas en las negociaciones de la COP26 se plantean con base en capacidades que el Estado colombiano no necesariamente posee actualmente, y que además ignoran la interseccionalidad de la crisis climática al no tener en cuenta a las comunidades de las que se habla en esta columna. En este sentido, si bien Colombia ha demostrado la intención de cooperar internacionalmente para mitigar los efectos del cambio climático, está ignorando los problemas que ya se viven dentro del territorio, y las acciones de las que tanto se enorgullece el mandatario son mínimas frente a lo que realmente está ocurriendo.

Las personas en Colombia están muriendo por la pobreza y las problemáticas que se exacerban con los efectos del cambio climático, y las están matando por defender a su territorio. Para muchos de estos líderes ambientales, el tiempo ya se acabó, y para sus comunidades la catástrofe de perder su tierra y sus recursos es una realidad.


Entonces, a todas estas ¿qué ha hecho el gobierno? No sería justo decir que no ha hecho nada frente a la crisis climática, pero lo que sí se puede decir es que no ha hecho suficiente. Si bien ha intentado acoplarse a las decisiones de la comunidad internacional, no ha priorizado las características y las necesidades específicas que tiene Colombia y su población. ¿Será que es una brecha de empatía entre los mandatarios y las comunidades? ¿o será la crisis climática un instrumento más para hacer promesas vacías?


Nota: La información expresada en este artículo no compromete la voluntad de la Universidad del Rosario ni del Periódico Enclaustrados.

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