Han pasado 4 años desde las últimas elecciones presidenciales en nuestro país y el ambiente político en temas electorales refleja lo estática que puede llegar a ser nuestra sociedad con respecto a los candidatos que disputan llegar a la Casa de Nariño. No importa cuantas caras nuevas aparezcan en la política, pareciera que estamos decididos en concordancia con nuestros vecinos latinoamericanos en escoger a las peores opciones.
Son varias las preocupaciones que surgen en el ambiente electoral, una de ellas es el pensamiento de creer que quien represente el extremo contrario al gobierno actual representa la mejor opción para encabezar un próximo gobierno. Ocurrió en el 2018 (Duque representando la oposición del uribismo a Santos) y está ocurriendo nuevamente (Petro como la clara oposición al uribismo). Debería ser claro para una sociedad razonable y civilizada el entender que hay cosas del satsu quo que sirven y otras que deben cambiar, y es la forma de llevar a cabo esos cambios las que determinan los rumbos de un país sin perjudicar el desarrollo económico y la institucionalidad.
Sin lugar a duda son varias las reformas estructurales que necesita nuestro país, pero al igual que todo, los trasplantes legales deben hacerse de acuerdo con la Constitución y ley nacional y sobre todo de acuerdo con la situaciones sociales y económicas del país que pretenda llevar a cabo dichas reformas legales. Por eso, es preocupante que el candidato que puntea las encuestas y que representa un cambio proponga una reforma pensional (claramente necesaria) - basada en una política que hasta ahora se va a probar en Chile – y que desconoce el carácter parafiscal de las pensiones y sobre todo el régimen de economía mixta planteado por el constituyente.
No sobra recordar que un país en crisis es propenso a escoger regímenes populistas de cualquier esfera ideológica. Y es claro que Colombia es un país azotado por la crisis económica producto de la pandemia y del conflicto entre Rusia y Ucrania (de forma indirecta en la economía), algo que ocurre en el mundo globalizado en el que nos encontramos. Y que las crisis constantes que han azotado a nuestro país han dado impulso a estar constantemente gobernados por populistas que desconocen la constitución y la ley, y cuya única forma de defender su populismo es atacando a la rama judicial por cumplir su deber constitucional.
Así, preocupa de Gustavo Petro un plan de gobierno basado en el gasto, pero que poco habla de recaudo, una política que puede repercutir negativamente en lo que respecta al artículo 333 de la Constitución, una política arancelaria que no concuerda con los TLC y demás acuerdos internacionales firmados y ratificados por Colombia y propuestas que para llevarse a cabo necesitan de un gasto público alto de recursos con los que no cuenta el Estado.
Sin embargo, esto no es lo único preocupante en el ambiente electoral colombiano. Preocupa la falta de crítica del electorado frente al gobierno actual, entendiendo al gobierno como cada uno de los partidos que compusieron su bancada en el periodo 2018-2022. Es tan grande el cinismo del partido principal del gobierno al apoyar a un candidato “independiente” que claramente lo único que le falta para ser miembro del partido de gobierno es el carné de militante, pues en formas e ideas son idénticos. Las formas de campaña y discursos de Federico Gutiérrez son iguales a las de Iván Duque y de eso no hay duda.
Pregunto sin desmeritar todas las actuaciones del gobierno Duque: ¿Merecen volver a ser gobierno? Teniendo en cuenta que dejan un país con una inflación cerca de 2 dígitos, una tasa alta de desempleo, investigaciones de DDHH y una crisis de institucionalidad de la rama ejecutiva y de las fuerzas armadas, basándonos en que su gobierno tuvo que recibir de forma urgente a la Comisión IDH y siendo el único gobierno en que sus tres ministros de Defensa enfrentaron mociones de censura frente al legislativo. Además de las repercusiones de falta de experiencia, al ser el único presidente al que la Corte Constitucional le devolvió un Decreto por la falta de requisito formal de contar con la firma de todos los ministros del gabinete, también al proponer iniciativas legislativas que desconocen la política criminal, etc. Preocupa que ser la mejor opción para gobernar el país (no lo demostraron) parta del simple hecho de que se esté liderando la oposición (una mala opción).
Preocupa de Gutiérrez un plan de gobierno que se basa en un gasto para seguridad sin hablar de cómo recaudar los recursos para dicho gasto, tener detrás a todos los clanes políticos, unas reformas vacías sin cambios claros sino más bien paños de agua tibia como la “reforma” a la policía desarrollada por el gobierno de Duque, un desconocimiento a fallos de la Corte (que en realidad el candidato no podría cambiar). En temas pragmáticos las reformas de Gutiérrez no representan un riesgo a la Constitución ni al actual régimen jurídico, pero muestran oídos sordos frente a las necesidades que ha exigido la sociedad de forma activa en estos últimos años.
No hay duda alguna de que la segunda vuelta en Colombia será un escenario similar a la de
Perú y Chile. Y preocupa la falta de criterio y pragmatismo de la sociedad a la hora de balancear una transición legal pues estamos pasando de extremo a extremo. El gobierno de
Iván Duque y el plebiscito del 2016 han representado lo más grave del espectro político del
país en los últimos años en el sentido de que han desarrollado en el país un ambiente político y electoral que tiene como consecuencia al país petrificado a la hora de escoger a su nuevo gobierno entre el cinismo y el abismo.
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